Un análisis del Consejo para la Transparencia (CPLT) de junio de 2022 evidenció que un 7,7% de los concejales y un alcalde, repartidos en 57 municipios del país, infringen actualmente la Ley de Lobby, en particular en lo relativo a su registro como “sujetos pasivos” de lobby o no han actualizado sus datos para el presente período, cuestión que debe ser informada al Consejo para la Transparencia para que dicha información sea publicada en el portal Infolobby. Esta es la formalidad que deben cumplir las autoridades con obligaciones en esta materia, permitiendo de esta manera se les realicen solicitudes de audiencia y registros de agenda pública.

El porcentaje equivale a un total de 174 concejales, los que se dividen en dos grupos. Uno de 138 que no cuenta con registro, por lo que tampoco ha sido informado a Infolobby. El segundo grupo de 36 concejales corresponde a funcionarios que debiendo haber actualizado su información no lo han hecho, lo que implica igualmente que no pueden recibir audiencias ni contar con registros de agenda pública. En este último caso se encuentra también un alcalde con registro desactualizado, es decir, no vigente para el actual período.

Para el presidente del CPLT, los hallazgos del informe son relevantes puesto que “tenemos una ley que es bastante respetada, sin embargo tiene un bajo nivel de cumplimiento. Ese es un problema endémico de Chile. Leyes que se ven bien en el papel, pero que en la práctica no operan. Además hay poca capacidad de fiscalización, generándose una práctica muy compleja de pérdida de respetabilidad del sistema legal. Y ello diciendo a la ciudadanía que hay una ley que lo resuelve”.

Agregó: “Necesitamos que todos los actores tengan un rol más incisivo en su actuar, y una ciudadanía más vigilante. También debemos estudiar si se deben aumentar las sanciones. El lobby existe y va a existir siempre. A veces, es necesario. Pero éste debe ser transparente y de cara a la ciudadanía, para evitar situaciones de tráfico de influencias u otras malas prácticas muchas veces vinculadas a estas actividades”.

Ante ello, especificó el titular de Transparencia “hemos remitido el informe del Consejo para la Transparencia, acorde lo establece la propia Ley de Lobby, a la Contraloría General de la República hace unos días, y enviamos oficios a los 57 municipios en los que se desempeñan estos funcionarios para que tomen las medidas necesarias”.

Leturia  comentó que “cualquier reunión con asociaciones, fundaciones, o cualquier organización que hayan sostenido estos concejales, queda al margen de la ley y es una situación que debe corregirse a la brevedad”.

“Estamos hablando de personas que por el tipo de rol que deben cumplir tienen que estar en contacto e interactuando con actores sociales, políticos y económicos, y esas reuniones o encuentros deben tener publicidad, no pueden quedar en secreto porque existe una ley que las regula y que obliga a dar detalles de con quién se reunieron y los motivos”, subrayó.