Consejero Regional de la Araucanía Marcelo Carrasco, fue invitado a exponer los planteamientos de la asociación nacional de consejeros regionales, Ancore, en su calidad de presidente, en la sesión de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de Fiscalizar los actos del gobierno nacional, relacionados con la implementación del proceso de descentralización política, administrativa y fiscal del país.

En la instancia telemática, se abordaron en detalle el estado de avance de los compromisos, estado de los instructivos, reglamentos y las acciones comprometidas que permitan garantizar un proceso adecuado en el traspaso de atribuciones a los gobernadores regionales, situación que hoy es deficiente y no garantiza un adecuado ejercicio de una gobernanza descentralizada.

El consejero regional, calificó la situación como preocupante, respecto del avance real del proceso, precisando que, “en su momento la asociación de consejeros regionales, planteo que el modelo presentado por el gobierno de turno con indicaciones sustitutivas iba a generar los problemas que existen hoy día,  la situación actual del proceso de traspaso de competencias esta incumplida y esto se debe a que ningún servicio quiere desprenderse voluntariamente de sus competencias, no quieren dejar la administración de sus funciones, lo que es muy complejo”, señaló

En la actualidad la OCDE afirma que nuestro país se encuentra entre los países más centralizados de la organización, junto con Grecia e Irlanda y frente al nuevo escenario de Gobiernos Regionales  y lamentablemente a pesar de la obligatoriedad que establecen las leyes 21.073 y 21.074, los avances de los reglamentos e instructivos no permite garantizar el éxito de la nueva figura de gobierno regionales, “nosotros, los conejeros regionales, siempre señalamos que el modelo correcto era el que había establecido la comisión asesora presidencial para la descentralización con un sistema claro, con una calendarización y programación que definía que servicios públicos se iban a traspasar de manera gradual, esto no se ejecutó  y se remplazó por el actual modelo, que ha sido muy dificultoso y va a generar muchos problemas entre el gobernador regional y el delegado presidencial”, señaló Marcelo Carrasco.

La descentralización debe ser entendida como una forma de organizar la administración del Estado en un proceso de transferencia de competencias y recursos, desde el gobierno central a las administraciones subnacionales o unidades más pequeñas, entregándoles autonomía en la toma de decisiones y poder decisorio local acerca de materias delimitadas por la misma autoridad central, por lo mismo se estableció en la ley orgánica constitucional que, “el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultura”, y esta implementación no se está ejecutando de forma adecuada. 

Los equipos técnicos de Subdere está haciendo los esfuerzos para cumplir con estas modificaciones legales las cuales en su momento fueron consensuada por el parlamento y el ejecutivo de ese año, pero lo vemos solo en esta tarea porque claramente el poder central no quiere descentralizar en esto tiene mucha responsabilidad el parlamento por que ellos sabían que estaban legislando y además se lo indicamos en muchas reuniones de trabajo.

El resumen de las 15 competencias, que habían sido comprometida solo 4, de ellas han sido transferido, como lo muestra el siguiente cuadro.

Además, se solicito a la comisión por parte del consejero Carrasco se modifique el Decreto N°854 del 29.09.2004 que determina clasificaciones presupuestarias: para dar más autonomía económica a los gobiernos regionales de Chile, medida que brinda una relación diferente de las regiones con el estado Chileno.

El consejero Carrasco, realizó una extensa presentación abordando punto por punto el estado de los compromisos respecto de todas las áreas de administración pública que se deben traspasar y en términos generales la conclusión apunta a una ejecución deficiente del proceso, lo que se traducirá en un conflicto permanente entre las atribuciones del delegado presidencial y el nuevo Gobernador Regional, situación que puede llegar incluso a comprometer el ejercicio presupuestario de las regiones.