“Me han tratado como delincuente, pero no soy delincuente”, señaló el constructor civil Sergio Silva Verdugo, funcionario de una institución pública, que después de un largo proceso sufrió el remate, de su propiedad por una deuda de 4 millones 600 mil pesos, por concepto de pago de costas de honorarios a conocido e influyente abogado de la parte contraria, que presionó el remate de la vivienda familiar que comercialmente tiene un valor superior a los 150 millones. La vivienda fue rematada a favor de … un martillero público.

Al revisar algunos documentos presentados en el tribunal, los involucrados en el remate señalan que toda la causa de remate de dicha propiedad ha observado todos los pasos procesales y por ello, se ha llevado bajo absoluta “legalidad”. Esta causa hace recordar lo publicado por Tiempo21 el 29 de junio de 2016, cuando público la nota “El destape del oscuro negocio del remate de propiedades”.

No acata decisión de tribunal

De acuerdo a la experiencia de este medio frente a un proceso de remate de otra propiedad denunciado el 2016, que fue llevada a remate por un bajo precio pero que comercialmente tenía un valor superior a los 300 millones de pesos y que contó con la participación de funcionarios y servidores públicos, abogados y esposas, que participan y se adjudican remates a un precio vil, pero que al disponer sus ventas posteriormente, queda en evidencia el alto valor de ellas.

Pese a la presumida “legalidad”, los afectados sienten que mientras duran los procesos y obtienen el fallo judicial para que viviendas sean rematadas, participan personas que pertenecen en esos entornos, levantando con ello un manto de dudas acerca de la justicia y falta de garantías de los afectados.

Sergio Silva Verdugo, constructor civil de 63 años y funcionario público, ex ITO (inspector técnico de obras) acreditado en el Permiso de Edificación No. 651 del 5/12/2000 de la Planta de Almacenamiento de Gas de la Empresa Intergas, denunció que, en la causa sostenida en el Tercer Juzgado Civil de Temuco, se cometieron “sistemáticamente irregularidades”, en especial desde que intervino en la causa el abogado Carlos Reyes G.

Sergio Silva acusa que el abogado Reyes ha actuado arbitrariamente “y sin considerar lo resuelto por la jueza del tribunal, María Cristina de la Cruz Arriagada, quien el 2 de junio de 2014 dispuso la suspensión del remate de su propiedad fijado para las 11 horas de la fecha citada. “Este profesional prepotentemente advirtió al secretario de ese Juzgado que haría el remate porque no había sido notificado”.

El abogado es ampliamente conocido en círculos locales y en tribunales desde su adolescencia, porque es hijo del ex ministro y ex presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Víctor Reyes.

Hoy -acusa Silva- “el abogado de la única persona que se mantuvo como ’palo blanco’ ante este injustificado remate, que solo motivaba al abogado Reyes a cobrar las costas de sus honorarios a lo que fui sentenciado a pagar, después de perder en el segundo juicio que tuvo con la empresa Intergas (su antiguo empleador). Por esta razón, en el momento en que los abogados Eduardo Guzmán y Víctor Hugo Sagredo, que asistieron personalmente a su oficina para cancelar esta sanción, maliciosamente este abogado no aceptó la cancelación directa, argumentado que el abogado Jorge Silhi Zarzar tenía interpuesta una demanda subsidiaria y laboral contra su representado (Intergas), causa que estaba absolutamente prescrita pues se resolvió el año 2008, es decir 6 años antes del remate mismo”.

Patrimonio Familiar

El denunciante -agobiado- señala que son muchas las irregularidades que se están cometiendo en todo este proceso judicial como la autorización de los jueces para el lanzamiento de la vivienda, que además es Patrimonio Familiar acreditado desde el año 2009; y también con una Tercería interpuesta por la exesposa, que se adjudicó la vivienda mediante sentencia ante el divorcio del Juez de Familia el año 2011, cuya inscripción fue pagada y solicitada ante el CBR (Conservador de bienes raíces) de Temuco, de aquella época; curiosamente esta inscripción fue rechazada por el ex Conservador.

Todas estas gestiones son demostrables y son parte de varias demandas interpuestas por su ex esposa, Susana Márquez Medina, quien además de ser la actual residente y propietaria  de la vivienda ubicada en Pasaje Las Lluvias 815 en Lomas de Mirasur, ha realizado significativas mejoras a la propiedad, ha pagado las contribuciones del período 2014 al 2021 y ha usufructuado de su dominio en compañía de su hijo Sebastián Silva Márquez. La ocupante pide evitar que se ordene el uso de la violencia y se vulneren los derechos constitucionales de protección a los chilenos, a la familia y a la dignidad de los propietarios bajo la condición jurídica de Patrimonio Familiar, ponderándose tal cual como ocurrieron los hechos en forma irregular.

El adjudicatario del remate, fue el martillero público José Riquelme Vigueras, quien se quedó al remate una vez que el secretario anunció la suspensión ordenada por la jueza titular. Este se adjudicó la vivienda que comercialmente se encuentra hoy por sobre los 150 millones de pesos, con el respaldo de su abogado, el Sr. Carlos Reyes, quien fue capaz de destruir a una familia de la tercera edad a cambio de sus honorarios que no superaban los 5 millones de pesos en la fecha en que ejerció su superior autoridad ante lo ordenado por la jueza y también por el Juez Familiar.

Esta situación, vivida por varios propietarios de inmuebles en determinado periodo, sin duda es compleja, pero existen los antecedentes y el tiempo transcurrido para darle una mirada con aire de justicia, y a partir de los elementos que dan origen a esta tragedia sobreponer el evidente abuso de poder de quien generó un remate en contra de resolución judicial, el abogado Carlos Reyes, poderoso e influyente en la época del remate.