El lonko Jorge Calfuqueo, del lof Llaguepulli, del Lago Budi, Región de la Araucanía, denunció que en una medida que consideró «injusta, discriminatoria y arbitraria», el Ministerio Público ha solicitado penas de entre 30 y 540 días de reclusión para seis comuneros acusados de «hurto simple».

El lonko  Calfuqueo, para quien el Ministerio Público solicita 300 días, más el pago de 4 UTM, asesoría legal y costas de la causa, explicó que al momento de ser detenido, en el verano, él se encontraba buscando leña para abastecer su hogar, y no cometiendo el delito de hurto simple, por el cual está siendo acusado.

Calfuqueo puntualizó que esta y otras situaciones se arrastran en el sector en el marco de una situación social «político-cultural que vivimos en nuestro territorio quienes llevamos años de lucha con la iglesia católica».

«En la zona de Puerto Domínguez ellos, como diócesis de Villarica, tienen legalmente bajo su jurisdicción, alrededor de 80 hectáreas de tierra, las cuales forman parte de las 60.000 hectáreas que el Estado chileno expropió en la zona en su momento.  Esa iglesia católica  está construida sobre un cementerio mapuche, en donde hay evidencias de nuestros ancestros, pues se han extraído osamentas humanas , platería, metawes, etc. Muchos  han desperecido y los que restán permanecen allí como mini museo», explicó.

Calfuqueo destacó que producto de la «lucha social que hemos dado, en reiteradas oportunidades hemos vivido el desalojo, allanamientos y procesamientos judiciales, como en el que estamos actualmente, y en donde el obispo de Villarrica es quien toma las decisiones políticamente para enviar a la policía».

En el último allanamiento, Calfuqueo fue arrestado junto a su hijo de 14 años y cuatro hermanos, siendo acusado de estar robando madera, «en situación en que me encontraba buscando leña seca para abastecernos para el invierno con mi familia, pues allí hay un contrato de medie-ria de por medio con la iglesia católica».

Además de Jorge Calfuqueo, los comuneros acusados son Fransico Cayul, Pedro Lonconao, José Ayul, Cristobal Quilaquir y Ñamku Calfuqueo. Las penas que se solicitan fluctúan entre 30 días y 540 días, además de cumplimiento de servicio en beneficio a la comunidad, en un caso, y el pago de multas y costas en otros.