Sin considerar la evidencia que demuestra los graves perjuicios ecológicos, sociales, económicos y ambientales que provocó en 40 años de aplicación, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet otorgó carácter de “urgencia” al trámite legislativo del proyecto que prorroga por tres años la vigencia del Decreto Ley (DL) 701 de 1974, que subsidia el monocultivo forestal.

Este proyecto ingresado a la Cámara de Diputados el 15 de mayo, que contempla un desembolso fiscal de 55 millones de dólares, busca “disminuir la incertidumbre sectorial y generar las condiciones políticas y comunicacionales favorables para iniciar una discusión amplia sobre los contenidos que debe tener una nueva ley de fomento forestal”, destaca el mismo proyecto.

El pasado 2 de julio el gobierno decidió otorgarle carácter de “urgencia” al trámite de la norma, lo que supone un tiempo de debate máximo de un mes en cada una de las dos cámaras legislativas.

El 15 de julio los miembros de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados la aprobaron por unanimidad, por lo que ahora deberá ser analizada en la Comisión de Hacienda y luego en el Pleno de los Diputados, antes de pasar al Senado.

La parte del león

El decreto DL 701 fue dictado en 1974 por el dictador Augusto Pinochet e implementado por su yerno, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou, con el argumento de que impulsaría la industria forestal. Sin embargo, esa norma ha tenido como consecuencia que desde entonces se hayan plantado casi 3 millones de hectáreas de pino radiata y eucaliptus, la mayor parte sobre milenarios bosques nativos.

Dicha norma estableció un subsidio en dinero para las plantaciones, que cubría casi el 100% del costo de éstas; la eliminación de la tributación de los terrenos y de la producción forestal; el otorgamiento de créditos estatales en extraordinarias condiciones, y el no pago de aranceles de exportación.

A precios irrisoriamente bajos, la dictadura vendió a grupos económicos grandes extensiones de tierras –muchas de ellas arrebatadas a comunidades mapuche o a cooperativas campesinas–, así como viveros y plantas industriales.

Fruto del incentivo a estas empresas, el sector forestal pasó de exportar 254 mil dólares en 1980 a 6 mil 904 millones en 2014, convirtiéndolo en el segundo de importancia en el país, después de la minería. La superficie ocupada por el monocultivo forestal creció de las 300 mil hectáreas en 1974, a 3 millones en la actualidad, gran parte de las cuales estaban antes cubiertas de bosque nativo.

Según un estudio de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 69.8% de los subsidios entregados mediante el DL 701 han favorecido a grandes y medianos empresarios forestales. Sin embargo, son dos conglomerados los que se llevaron la parte del león: Forestal Arauco (del grupo Angelini) y CMPC-Mininco (Grupo Matte), que controlan 80% de las exportaciones forestales de Chile.

Según denunció la ONG Bosques sin Forestales en un artículo publicado el 17 de julio, “en Chile, el gran empresariado en general, y el forestal en particular, tienen sendos privilegios tributarios, que tras la Reforma Tributaria de 2014, siguen plenamente vigentes”. Citando al economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, afirmó que las grandes empresas forestales “no pagan impuestos”.

Hay que tener presente que las grandes plantaciones forestales se han instalado en el centro sur de Chile, principalmente en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos. Esta zona corresponde al antiguo Wallmapu o país de los Mapuche, pueblo originario que hoy posee sólo 3% de las 10 millones de hectáreas que pudo mantener durante el reinado de España en América y que sólo le fueron arrebatadas con la ocupación militar conocida como “Pacificación de la Araucanía”. Esta fue una campaña militar de ocupación verificada entre 1861 y 1869, tras la cual se confinó a las comunidades mapuche en pequeñas reducciones.

La expansión del monocultivo ha derivado en una drástica disminución de las aguas subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre, lo que ha mermado dramáticamente la agricultura tradicional campesina y mapuche. Asimismo, las zonas más densamente pobladas por las plantaciones forestales son las que exhiben mayores tasas de pobreza, desempleo y migración.

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Planificación en su Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2009, la provincia de Arauco (Región del Biobío) presenta un índice de pobreza de 26.9%, mientras que en las provincias de Malleco y Cautín (Región de La Araucanía) este flagelo alcanza a 25% y 35.1%, respectivamente. Estas cifras de pobreza están entre las más altas del país.

En materia ambiental, el balance de la expansión del monocultivo forestal también es desolador.

Según una carta enviada a la presidenta Bachelet el 15 de julio por 27 científicos de la Universidad Austral –con sede en Valdivia–, la aplicación de del DL 701 ha traído, entre otras consecuencias, la disminución de la provisión y calidad de agua en cuencas dominadas por plantaciones forestales; incremento de incendios forestales; homogenización del paisaje y la pérdida de biodiversidad; sustitución y fragmentación de bosques nativos de relevancia global para el sostenimiento de la biodiversidad, y la invasión de especies exóticas como el pino radiata y el eucaliptus.

De acuerdo con lo establecido por la ONG Observatorio Ciudadano en su investigación Pueblo Mapuche y Recursos Forestales en Chile (2013), el efecto del monocultivo forestal es devastador: “Los mayores impactos se generan por el desecamiento y contaminación de las fuentes de agua, uso de pesticidas, sistemas inapropiados de cosechas, reemplazo de bosques nativos y aumento de riesgo de incendios forestales”.

Indígenas vilipendiados

Los subsidios contenidos en el DL 701 se mantuvieron hasta fines de 2013. Ese año el gobierno de Sebastián Piñera hizo grandes esfuerzos por renovar por 20 años su aplicación, pero no pudo debido a la oposición mapuche y al hecho que en el Senado, por donde se ingresó el proyecto en dicha oportunidad, hubo una férrea exigencia a que la prórroga fuera consultada a los pueblos indígenas, tal como se contempla en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Bachelet inició su gobierno con el propósito de mantener el subsidio a las forestales. En la Cuenta Anual rendida el 21 de mayo de 2014 lo planteó sin tapujos: “Los bosques son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable (…) con ese fin prorrogaremos la vigencia del DL 701”. Nada mencionó respecto de la consulta indígena. Tampoco explicó por qué llamó bosques a plantaciones de monocultivo forestal.

Pero a la mandataria le sucedió algo similar que a Piñera: la oposición de mapuches y senadores del ala de izquierda de la oficialista coalición Nueva Mayoría trabaron momentáneamente su propósito.

En junio de 2014 los senadores de la oficialista Nueva Mayoría Alfonso de Urresti (Partido Socialista) y Alejandro Navarro (Movimiento Amplio de Izquierda), escribieron una carta a la entonces ministra de Desarrollo Social, María Villegas, en la que expresaron su rechazo al proyecto y exigieron la aplicación de la consulta indígena.

En dicha misiva, los parlamentarios recordaron un aspecto del Programa de la Nueva Mayoría, contenido en la página 172 del mismo: “La nueva política indígena se fundamentará en el marco internacional de derechos que garantizan a los Pueblos Indígenas que ellos pueden proveer su mejor forma de desarrollo político, económico, social y con pertinencia cultural. En dicho sentido implementaremos en plenitud el Convenio 169 de la OIT”.

Después de más de tres meses (9 de octubre), la ministra Villegas respondió que el gobierno aplicará la consulta “en caso de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas”, aclarando que hasta dicha fecha “no existen antecedentes o proyectos” relacionados con el subsidio al monocultivo forestal.

El 14 de junio pasado, 200 campesinos y comuneros mapuches, pertenecientes a una treintena de organizaciones del sector costero de la comuna de la Unión (Región de Los Ríos), enviaron una carta a la presidenta Bachelet, rogándole que no prolongue el subsidio forestal.

Allí sostienen que éste ha tenido como resultado la migración del campo a la ciudad “con el consecuente desarraigo y posterior marginalidad urbana”, la concentración de la propiedad en muy pocas manos, la pérdida de fertilidad de los suelos vecinos de las grandes plantaciones industriales, “y lo más angustiante: la perdida de nuestras fuentes de abastecimiento de agua a nivel predial, con el consecuente empobrecimiento de nuestras pequeñas propiedades”.

Sin embargo, pese a las exigencias en sentido contrario, el gobierno envió el proyecto al Congreso sin que su tramitación contemple la consulta indígena. Lo hizo por la Cámara de Diputados, donde la oposición a ésta iniciativa se ha mostrado minúscula.

Lo que distingue este proyecto del original, de 1974, es que ahora no busca ampliar la extensión de las propiedades para los grandes empresarios forestales, sino que va dirigido a pequeños propietarios. “Hoy se avanza en la diseminación de las plantaciones al interior de los predios campesinos, quienes, a cambio de proporcionar el uso de sus tierras, reciben subsidios del Estado, con fondos procedentes de la banca multilateral”, como señala el historiador mapuche Víctor Toledo Llancaqueo en su artículo “El enclave forestal chileno en territorio mapuche”.

“Un mal proyecto”

En entrevista con Apro, el senador De Urresti expresa que la prórroga del DL 701 “es controvertida” y “no puede legislarse a toda velocidad sólo porque sea una materia priorizada por Hacienda”.

Este Parlamentario –que representa a la Región de los Ríos– subraya el hecho de que el subsidio forestal “afecta los intereses de comunidades indígenas y de vastos territorios”.

De Urresti sostiene que desde 2014 discute con la ministra de Agricultura y con la Conaf sobre esta propuesta legislativa por varias razones, entre las cuales destaca su parecer respecto de que ya sería tiempo “de tener una política forestal moderna, que haga una opción preferencial por el bosque nativo, que respete la vocación productiva de los territorios y, sobre todo, que respete a las comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT que Chile ratificó en el pasado gobierno de la Presidenta Bachelet (2009)”.

El legislador sostiene que en 40 años “no hemos conocido una evaluación acerca de los impactos y eventuales beneficios de esta ley, sin embargo, se sigue prorrogando como si no hubiera otra opción”.

Al preguntarle por qué la Nueva Mayoría, de la que es parte, insiste en propiciar el monocultivo forestal, pese a las nocivas consecuencias sociales y ambientales, De Urresti expresa: “Dentro del contexto de la dictadura, el desarrollo de una industria forestal encajaba a la perfección con el modelo exportador de materias primas”. Sin embargo, sostiene, “lo que podía tener significado en 1974, hoy, en democracia y con un modelo que busca mejorar las condiciones de equidad social y medioambiental, carece de sentido”.

Completa: “Lo que ha permitido la subsistencia del DL 701 es una mirada económica y empresarial que no ha variado en todo este tiempo”.

Finalmente, señala que él no se opone a la actividad forestal, pero sí a que ésta se haga a costa de comunidades pobres e indígenas, “hipotecando otras vocaciones productivas territoriales”.

Fuente: Apro