Katty Hurtado actualmente está privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, en la región de Antofagasta. Fue condenada a 20 años de presidio por parricidio en 2021. Según el fallo judicial, en la madrugada del 14 de mayo de 2018, en la ciudad de Calama, Hurtado acudió al domicilio de su expareja, Richard Aravena, para tratar asuntos económicos.

Durante el encuentro, Hurtado le causó la muerte mediante golpes en la cabeza con un objeto contundente y lesiones en el cuello con un elemento cortopunzante.

La defensa de Hurtado sostiene que el incidente ocurrió en un contexto de defensa propia, tras una agresión sexual por parte de su expareja, quien habría ejercido violencia física y sexual durante años. Diversos peritajes psicológicos respaldan esta versión, indicando que Hurtado actuó para proteger su vida.

Desde su ingreso a prisión en 2018, Hurtado ha enfrentado abusos y agresiones dentro del sistema penitenciario. Organizaciones como la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres han denunciado que Hurtado ha sido violada y golpeada por gendarmes en la cárcel de Calama, lo que llevó a su traslado al CDP de Tocopilla. El Estado de Chile fue condenado por falta de servicio y se ordenó una indemnización por estos crímenes.

Apoyo y Solicitud de Indulto

El caso de Katty Hurtado ha generado un amplio apoyo de organizaciones sociales y parlamentarias de diversos sectores políticos. La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres y varias diputadas han solicitado al Gobierno que se le otorgue un indulto presidencial. Argumentan que Hurtado no tuvo un juicio con perspectiva de género y que su encarcelamiento es una injusticia.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, ha confirmado que la solicitud de indulto sigue en estudio. Parlamentarias como Erika Olivera, Joanna Pérez y Camila Rojas han criticado la demora del Ejecutivo en pronunciarse sobre el caso. La madre de Hurtado también ha expresado su preocupación por la situación de su hija y ha pedido su liberación.