Por Jorge Bermúdez, contralor general de la República; y Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para La Transparencia

Existe un paso previo a la unidad. Se trata de algo en apariencia sencillo pero que reviste un trabajo complejo y sistemático, la confianza. Mientras en Chile no logremos superar la profunda crisis de confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas, que venimos arrastrando desde hace una década, se torna complejo aunar voluntades tras un propósito común. Esto no quiere decir que sea una tarea imposible sino inmensamente desafiante, más aún en un contexto adverso como es hoy el control sanitario de una pandemia y sus adversos efectos económicos y sociales que vive nuestro país.

Hoy, tal vez más que nunca, cuando la ciudadanía diariamente recibe información sobre iniciativas de la autoridad y los resultados de políticas públicas que redundan en su entorno inmediato, la institucionalidad debe actuar con una sólida base de legitimidad que entregue confianza. Tan relevante como prestar servicios eficaces y oportunos en el servicio público, es que las autoridades y sus decisiones cuenten con una sólida base de apoyo, de lo contrario, la ciudadanía no logra comprender y opta por prescindir de las recomendaciones o disposiciones adoptadas. 

En una democracia sana es deseable contar con organizaciones de la sociedad civil y una ciudadanía informada, opinante y con vocación escrutadora, pero también necesitamos recuperar la confianza para avanzar con mayor celeridad en el control de la pandemia, sobre todo en los meses que se avecinan y que se estima serán muy complejos. Por esos las decisiones de la autoridad deben estar revestidas de garantías de credibilidad que inviten a la adhesión y no al escepticismo, puesto este solo aumenta la desconfianza.

Para ello, las instituciones públicas debemos, más que nunca, regirnos por los más altos estándares de probidad y transparencia, y tener un riguroso cuidado por el buen uso de los recursos públicos. Sólo con estándares óptimos de transparencia y probidad, las instituciones lograrán irradiar tranquilidad y confianza a todos los ciudadanos, volviendo a hacer de nuestro país una verdadera comunidad.

Hacer realidad la transparencia y dar acceso a la información pública, posibilita una participación ciudadana fundada en datos y antecedentes, mejorando la calidad del debate público y de las decisiones político-administrativas, potenciando el control social y previniendo la corrupción. En suma, impactando positivamente en la relación entre la ciudadanía y el Estado, en base a una percepción de menor asimetría en esa relación y a la generación de mayor credibilidad.

Por su parte, las políticas de probidad buscan promover el comportamiento ético y honesto de autoridades y funcionarios, privilegiando siempre el interés general por sobre cualquier interés particular, e impulsándolos a rendir cuenta permanente de su labor para facilitar el control social de la ciudadanía. Esto implica, necesariamente, que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos.

En este marco, invitamos a todos los poderes públicos, los partidos políticos, al sector privado, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general, a avanzar decididamente en la construcción de una fecunda cultura de la transparencia y la probidad en nuestro país; a incorporar a nuevos actores y sectores en la lógica de la transparencia y la rendición de cuentas, a reforzar el sistema de acceso a la información pública, a afirmar un sólido sistema sancionatorio a las faltas por mal uso de recursos públicos, que desincentive malas prácticas y fomente la coordinación del desarrollo de iniciativas de Transparencia y Anticorrupción bajo la lógica de un sistema integral de política pública que incluya a todos los poderes del Estado, así como a los nuevos actores que se vayan incorporando.

Para volver a confiar, especialmente en el difícil contexto por el que transitamos, necesitamos más transparencia y más probidad: entregar información clara, segura y de manera sencilla, realizar rendiciones de cuentas oportunas, completas y veraces y supervisar minuciosamente el gasto público.

Con la convicción de la imperiosa necesidad de alcanzar estos objetivos, el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República, junto con hacer este llamado, ponen a disposición todas sus herramientas, conocimiento, experiencia y capacidades para contribuir a propiciar que se construyan donde no existan, o se reconstruyan donde estén quebrantadas, las bases de una indispensable confianza para nuestra institucionalidad democrática.