Hasta 17 veces más de material extraído, en relación a lo autorizado, fue el resultado del informe que la Dirección de Obras Hidráulicas entregó a la Corte de Apelaciones de Temuco, luego de un recurso de protección ingresado por comunidades del sector de Molco-Cautín, representados por el Abogado y concejal Raúl Henríquez Burgos.

El recurso solicitaba revisar al menos a 3 empresas del sector, 2 de ellas incumplieron arbitrariamente dijo el tribunal, los permisos otorgados para operar en la zona, principalmente porque los niveles de extracción de áridos superan lo autorizado. El Abogado Raúl Henríquez Burgos aclaró que este tema es algo que lamentablemente, por falta de personal y técnico el municipio nunca se ha podido fiscalizar de buena manera: “Esto era casi un secreto a voces, los camiones con áridos y las maquinarias de extracción están por todo el borde del río del cautín y la permisividad que se les da para operar generó que en un solo informe solicitado, se encontrara que una empresa al menos extrae material por hasta 17 veces lo permitido, mientras que una segunda lo hace por hasta 6 veces más de lo permitido.”

La resolución de la Corte también aclara que las obras se están realizando dentro de cauce del río lo que podría poner en riesgo los terrenos de agricultores aledaños. “Justamente las comunidades indígenas y vecinos del sector nos pidieron que ingresáramos el recurso, ya que se han producido inundaciones en el sector que antiguamente no ocurrían, además de otros problemas, como el paso de camiones de alto tonelaje por una ruta que recién está asfaltada y que los vecinos temen que lo destruyan en el corto plazo. El tribunal vio los antecedentes y solicitó los informes respectivos y logramos que, al menos, respecto de 2 empresas se comprobara lo que sosteníamos, a saber, extracciones por sobre lo permitido. Ahora esperamos que cumplan la legislación y también nos comprometimos con las comunidades a mejorar rotundamente los niveles de fiscalización en estos sectores en los próximos meses.”

La resolución de la Corte de Apelaciones exige ahora a las empresas que las actividades que busquen realizar en el sector relativo a la extracción de áridos deben ejecutarse con estricto apego a la normativa especial que regula la materia, debiendo para ello obtener todas las autorizaciones sectoriales que la legislación vigente contempla y sujetarse rigurosamente a las condiciones bajo las cuales esos permisos fueron entregados: algo que los recurrentes aseguran en este tiempo no han cumplido.