El sábado pasado la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la prisión preventiva de 12 imputados por asociación ilícita para la usurpación violenta, sustracción de madera, extorsiones y otros delitos cometidos en la comuna de Galvarino. Previamente, tras la formalización de cargos, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, analizó la vinculación del robo de madera y las usurpaciones en la zona, afirmando que “se trata de fenómenos que están vinculados” y que “lo que ocurre en una primera etapa es la ocupación violenta, reivindicación de determinados predios, la expulsión de sus propietarios. Luego se utiliza la fuerza y armas de fuego para repeler la acción de la policía y una vez que se está asentado el control territorial sobre determinados predios, lo que comienza es una expropiación ilegal, la sustracción de la madera y para eso se recurre a personas que cuentan con los recursos con los medios técnicos para poder cortar la madera y trasladarla desde ese predio a otros lugares”.

El gerente de la Asociación de contratistas forestales (ACOFORAG), René Muñoz, coincide en la vinculación de usurpación y otros delitos, como el robo de madera. Por ello, afirma que “la ley de usurpación, que está durmiendo en el Congreso, es súper importante”, debido a que la toma de predios productivos “es una de las acciones que tienen estos grupos para cometer otros delitos”. Por ello, “los senadores de La Araucanía y los diputados y senadores del Bio bío tienen una tarea pendiente (pero) tenemos la impresión de que efectivamente no les importa lo que está ocurriendo”.

En Collipulli, Juan Navarrete y su familia han sido víctimas de numerosos atentados a maquinaria de su empresa forestal, además de secuestro de trabajadores y tomas de predios agrícola, entre otros delitos. Su hija, Yasna Navarrete, acusa que “tenemos tres campos tomados”, lo que les ha impedido sembrar, pese a lo cual deben seguir pagando contribuciones. Sin embargo, lo que más les preocupa es que las tomas de predios son el origen de otros delitos por parte de los violentistas. Algunos, afirma, “extorsionan para poder transitar, otros extorsionan con la mitad de la cosecha. Otros se roban la madera”. Incluso hay grupos que han ido más allá: en la zona rural de Victoria, afirma Navarrete, “han llegado a arrendar los campos usurpados a terceros”. Todos delitos originados en usurpaciones de predios productivos perpetradas “porque saben que con la toma de terreno van a obtener dinero”.

La familia Navarrete es una de las aprendió a convivir a diario con el miedo a perder todo el fruto de su trabajo o, derechamente, a perder la vida. Solo por el hecho de intentar trabajar en el sector rural de la provincia norte de La Araucanía. Otros, han decidido migrar a otras zonas más seguras.

El presidente de la Asociación de Agricultores Malleco Sebastián Naveillán, asegura que “la usurpación es la punta de lanza de una serie de delitos”, como extorsión, secuestro, ataques armados a carabineros y privados – desde los mismos predios tomados – entre otros.

De acuerdo al último informe de impacto del Estado de excepción constitucional desarrollado por la Multigremial de La Araucanía, en la provincia de Malleco los hechos de violencia – atentados incendiarios, homicidios, ataques armados, robos, usurpaciones, entre otros – ha aumentado en más de un 51%, si se comparan los primeros 143 días del estado de emergencia “normal” decretado el año pasado con el “acotado”, vigente en la denominada Macrozona sur.

Pese a lo anterior, lamenta el dirigente de los agricultores, el Congreso mantiene vigente la normativa referida a la usurpación “que data de 1874, y que solo impone multas – de entre $360 mil hasta un poco más de $1 millón – a quien decida tomarse un predio ajeno. Por ello, y tras la anunciada visita presidencial a la zona, Naveillán  reconoce que “la expectativa del sector agrícola es que el Presidente anuncie la urgencia para la ley de usurpación y poder actualizar de una vez por todas esta ley, y que sea acorde a los tiempos de hoy”, pues, “una de las cosas principales de la democracia es respetar la propiedad privada y esperamos que el Gobierno entienda este problema y dolor que tiene el sector agrícola y pensando en que un campo tomado es menos alimento para todo Chile”.

Al respecto, desde la Asociación de Agricultores Malleco, sostienen que una hectárea de trigo cosechada equivale a 7.000 kilos del cereal, con los que podrían producirse 5.250 kilos de harina y elaborar 8.663 kilos de pan, asegurando el consumo de este alimento para 96 personas, por todo un año. Es por ello que “necesitamos parlamentarios y un Gobierno dispuestos a defender la producción de alimentos que llegan a la mesa de todo Chile sin distinción, tramitando cuanto antes la ley de usurpación”, emplazó el líder gremial.

La ley que “duerme” hace años en el Congreso.

Desde el parlamento, el diputado Miguel Mellado pidió al Presidente Boric y a la ministra del Interior, que se ponga suma urgencia a dicho proyecto de Ley que se encuentra «durmiendo» en el Senado, para que la iniciativa retome su tramitación en un plazo de 15 días. El legislador agregó que «acá hay un tema importante porque todo lo que significa el crimen organizado, el robo de madera y las posteriores compra de armamento producto del robo de madera parten con las usurpaciones de predios en La Araucania», a lo que se suman «las extorsiones por las cosechas de trigo” que se inician en los próximos días

El 21 de julio de 2020 la Senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, junto a su par, José García Ruminot, presentaron un proyecto para aumentar las penas de las usurpaciones, pasando de 61 a 540 días para una usurpación no violenta; y de 541 a 3 años de cárcel para tomas violentas de predios. “Que hayan pasado más de 800 días desde que presentamos la ley, que se haya discutido muchas veces en la Comisión, que haya pasado a Sala y que todavía no se termine de votar en particular es algo que cuesta entender y creo que es un problema más bien político”, analiza la senadora respecto de los motivos del retraso que mantiene vigente una normativa de casi 150 años.

Aravena apunta al presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza, quien habría comprometido realizar observaciones al proyecto luego que parlamentarios del sector acusaran que la propuesta legal no diferenciaba las tomas de terrenos con fines habitacionales de las usurpaciones que a diario se registran en el sur. Sin embargo, acusa la senadora, dichas observaciones no se realizaron, lo que ha dilatado la tramitación del proyecto. Para Aravena se trata de legisladores que “ejercen el poder como Senador para limitar el derecho que da la Constitución de tener una propiedad. Y se niegan a avanzar (…) y no presentan un proyecto distinto tampoco. En la práctica, yo creo, no hay voluntad”.

La Senadora por La Araucanía argumentó que Fiscalía manifestó a la Comisión la “importancia y urgencia de cambiar la legislación, incorporar penas de cárcel y poder hacer persecución penas del delito como corresponde.  Si bien se les escuchó, se hizo caso omiso. Entonces, si quien persigue los delitos ruegan por una ley y los senadores no quieren escuchar, y tampoco quieren hacer mejoras a la ley y no la quieren tramitar, el tema es más profundo”