El Fracaso en de la PDI en Temucuicui fue punto de inflexión para el gobierno como para las fuerzas armadas y que finalizó en un acuerdo de cooperación militar para superar las debilidades que presentaban las dos policías en este tipo de operaciones.

La fuente es el medio electrónico Ex-Ante

El allanamiento del 7 de enero en que murió un inspector de la PDI, mostró las debilidades de las policías en el enfrenamiento de grupos armados en localidades rurales de difícil acceso. Ese hecho fue el gatillante de las conversaciones con el gobierno para que personal de la Brigada de Operaciones Especiales viajara desde Santiago a La Araucanía a capacitarlas en campo de tiro militar, desplazamiento en zonas rurales y tácticas de combate para enfrentar a grupos armados en la macrozona sur. Pero la idea solo se concretó a fines de marzo.

La muerte por un tiro en la cabeza de un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un operativo realizado el 7 de enero en Temucuicui, comuna de Ercilla, mostró tanto para el gobierno como para las Fuerzas Armadas las debilidades que presentaban las dos policías en este tipo de situaciones.

El inspector Luis Morales, 34, pertenecía al Equipo de Reacción Táctica (Erta) de la Policía de Investigaciones (PDI), considerada una unidad de élite de la policía civil.

El inspector murió durante un operativo por ley de control de drogas y armas en que participaron 850 policías, entre ellos 84 miembros del Erta.

Se presume que el policía murió con un tiro calibre 7,62, es decir, munición de guerra.

Los efectivos de Carabineros encargados formar los anillos de seguridad para proteger la operación acudieron en los carros blindados Mowag donados por el Ejército a asistir en la retirada de los efectivos de la PDI atrapados por las barricadas.

La operación, dicen fuentes civiles ligadas al caso, mostró que el entrenamiento policial falló en un entorno rural de cerca de 2,500 hectáreas de caminos estrechos y fácilmente interrumpibles por troncos cortados, donde, si bien el follaje no es espeso, hay suficiente vegetación para esconder tiradores, además de algunos puntos de altura desde donde anticipar la llegada de vehículos.

El diagnóstico del Ejército, dicen fuentes civiles ligadas al proceso, fue que las policías podrían verse beneficiadas del envío a la zona de instructores de la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) —unidad de élite del Ejército que incluye a Fuerzas Especiales y comandos—, así como de recibir capacitación en el uso de los carros Mowag en toda su capacidad.

El factor “Cristian Barra”

Si bien el diagnóstico estaba claro desde principios de 2021, el comienzo de la capacitación por parte del BOE no se concretó hasta fines de marzo. El motivo, explican fuentes civiles ligadas al proceso, se relacionaría con los roces surgidos entre el enviado presidencial Cristián Barra y generales de las Fuerzas Armadas.

Esta tensión tuvo un quiebre el 14 de marzo, cuando El Mercurio publicó una entrevista a Cristián Barra en que éste criticó a las FFAA por considerar que no colaboraban en el combate a grupos violentistas.

Las declaraciones de Barra causaron profundo malestar en los jefes de las FFAA, que se lo hicieron ver el día de la entrevista a primera hora al ministro de Defensa, quien a su vez se reunió con el Presidente Sebastián Piñera, y terminó en la decisión de removerlo del cargo.

La posición del Ejército es que el Estado de Catástrofe sólo los faculta legalmente para cumplir funciones relacionadas con el control de la pandemia, como lo dijo en entrevista a Ex-Ante el general Marcelo Núñez, Jefe de Defensa de La Araucanía: “Estamos abocados a tareas propias del Covid”.

El problema se destarbó con el nombramiento como sucesor de Barra del abogado Pablo Urquízar, ex jefe de gabinete del exministro de Defensa, Alberto Espina, marcó un cambio de tono en la relación del Ejército con el Ejecutivo.

Urquízar conocía al Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, desde su período como jefe de gabinete del ministro Espina, y ambos mantenían una buena relación.

El nuevo coordinador tenía familiaridad con el marco jurídico en el cual se podían desenvolver las Fuerzas Armadas. Fuentes de gobierno sostienen que redactó “Las reglas del uso de la fuerza en los estados de excepción”, publicada en el Diario Oficial el 22 de febrero de 2020.

El sucesor de Barra se encargó de manifestar su disposición a dialogar y respetar los límites legales del decreto de estado de catástrofe, en las distintas reuniones que mantuvo con el general Javier Iturriaga, jefe del Estado Mayor Conjunto; con el general Marcelo Núñez, y con el contralmirante Jorge Parga, Jefe de la Defensa del Biobío.

Conversó sobre los patrullajes mixtos, cuyas operaciones están catalogadas por las FFAA en función de objetivos sanitarios.

Cooperar; no participar

También se habló de los límites del apoyo que los efectivos del BOE entregarían a los efectivos en la región. Estos serían capacitarlos en campo de tiro militar, desplazamiento en zonas rurales y tácticas de combate para enfrentar a grupos armados en la macrozona sur, pero no participar de operativos.

También se acordó que la capacitación consideraría el uso especializado de los vehículos blindados Mowag. Se trata de 30 equipos en total, de los cuales 12 fueron entregados recientemente, y fuentes de gobierno no descartan que puedan donarse más. Resuelto el impasse, la capacitación comenzó a fines de marzo en la unidad de Carabineros en Pailahueque, ubicada entre las ciudades de Victoria y Ercilla, en plena zona roja de los atentados.