Tras un año de levantamiento, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza y el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, en una conferencia desarrollada en un albergue del Plan Invierno, entregaron los principales resultados de este registro que permite caracterizar a las personas en situación de calle del país, y en consecuencia diseñar e implementar políticas públicas dirigidas a este sector.

El Registro Social Calle no es comparable con los Catastros 2005 y 2011 dado su metodología. El registro por primera vez identifica a las personas en situación de calle con nombre, RUN y lugar donde habitualmente habita. Además conecta a las personas en situación de calle, a través del Registro Social de Hogares, con la Red de Protección Social del Estado, permitiendo que sean un grupo prioritario para el acceso a beneficios sociales.

El titular de Desarrollo Social señaló que “de acuerdo a los resultados que arroja el Registro Social Calle en la actualidad es posible afirmar que las personas en situación de calle afortunadamente -para el conjunto de la sociedad- son más visibles que antes. Tiempo atrás una persona en situación de calle pernoctaba debajo de un puente o en un sitio eriazo, pero hoy lo hacen en lugares visibles y accesibles, lo cual para efecto de nuestro Gobierno, nos permite tener una cercanía más rápida, pero también interpelar a la sociedad respecto de cuál es su compromiso social y solidario con las personas en situación de calle”.

Asimismo, el ministro Barraza relevó el hecho de que si bien el registro es de tipo voluntario, “hoy el Gobierno cuenta con instrumento confiable, que nos permite construir una política pública que no se orienta a una estadística, sino que a una política pública personalizada y orientada a la calidad de vida y a la trayectoria de vida de una persona, a fin de lograr intervenir correctamente en términos psicosocial y sociolaboralmente, ya que no nos sirven modelos maqueteados. Con este registro sin duda nos estamos pegando un salto cualitativo en término de habitabilidad y calidad de vida de las personas en situación de calle”.

Finalmente, el secretario de Estado señaló que “nuestra tarea como Ministerio de Desarrollo Social hoy es acompañar a las personas en situación de calle para que accedan a las prestaciones sociales del Estado y se puedan reinsertar en la sociedad. La calle va deteriorando a las personas pero como Gobierno estamos empeñados en reducir gradualmente los 7,1 años que permanece una persona en la calle  y acercarnos a los  estándares internacionales, donde las personas en situación de calle no alcanzan a estar más de 2 años en la calle”.

Como resultado de la primera etapa de implementación (agosto 2016 – agosto 2017), considerando que este mecanismo es progresivo y de permanente aplicación, existen 10.610 personas en el Registro Social Calle. De estos, el 85% son hombres (9.015 personas) y el 15% son mujeres (1.595 personas).

La mayor cantidad de personas en situación de calle se concentran en la Región Metropolitana con un 43,9%; seguido de Valparaíso con un 11,9% y el Biobío con un 9,0%.

Los hogares de la población en situación de calle se caracterizan por ser mayoritariamente unipersonales (95,5%), mientras que sólo el 4% se encuentra conformado por hogares de dos personas. Los hogares compuestos por tres o más personas, en tanto, tienen una participación del 0,5%.

Dentro de los motivos que los entrevistados indican como las principales causas de su situación de calle, se observa que el 62,8% llegó a la calle por problemas con su familia o pareja; el 15,0% por consumo problemático de alcohol y drogas; y por problemas económicos el 11,5%.

En promedio, las personas registradas tienen 7,1 años de permanencia en la calle. El 36,1% de las personas en situación de calle entrevistadas llevan desde uno hasta menos de cinco años viviendo en situación de calle; 25,4%lo hace entre diez años y más; 21,3% permanece menos de un año; 17,2% dice estar entre cinco y menos de diez años.

Al analizar la escolaridad de los entrevistados, es posible identificar que éstos poseen 8,3 años de escolaridad promedio, equivalente a contar con educación básica completa.

Al ser consultados por la pertenencia a un pueblo indígena, hay un 6,4% que declara pertenecer a uno de los 9 pueblos, mientras que el 93,6% no pertenece a los pueblos indígenas.

Respecto a la nacionalidad de las personas en situación de calle la mayoría de éstos son de nacionalidad chilena (99%), identificándose sólo 111 casos de personas extranjeras (1%), principalmente originarias de países sudamericanos: Perú (39,6%), Colombia (16,2%) y Bolivia (9,9%).

Frente a las dificultades de Salud que declaran las personas en situación de calle, podemos identificar que el 35,3% presenta una dificultad leve; el 17,4% dificultad moderada; el 21,3% dificultad severa y el 26% señala no tener dificultades.

Respecto a la pregunta dónde durmió la noche anterior, un 45,6% lo realizó en un punto calle o caleta y el 54,4% lo hizo en un dispositivo público – privado.

Durante el último invierno, el apoyo que se brinda para alimentación gratuita tuvo el mayor uso por parte de la población en situación de calle, alcanzando a un 68,3% de personas entrevistadas. A éste le sigue el acceso a frazadas o abrigo (53,8%), útiles de aseo (50,3%) y el uso de alojamiento gratuito en albergues (46,7%).

En cuanto al acceso a servicios gratuitos en los últimos 12 meses, aquellos que tienen una mayor frecuencia de acceso son la atención médica (46,6%); el acceso a medicamentos (37,2%); atención psicológica (19,1%) y carnet de identidad (16,0%).

A través del trabajo realizado, se pudo concretar el acceso de personas en situación de calle al Registro Social de Hogares. A agosto de 2017 están inscritos el 87,1%, de los cuales el 90,1% pertenece al tramo del 40%. A su vez, durante el levantamiento del Registro Social Calle, el 65% obtuvo o actualizó su Registro Social de Calle.

Este cruce entre ambas herramientas, permitió identificas que 5.762 personas en situación de calle tiene ingresos laborales (formales o informales). Los que tienen ingresos se concentran mayormente en los tramos etarios de 30 – 44 años (39,1%); y entre 45 – 59 años (39,8%).

Frente a las pensiones, las personas en situación calle que reciben pensiones no contributivas son un 77%; los que reciben pensiones contributivas 15% y que no reciben pensiones un 8%.

De esta manera, y analizando todos los antecedentes se definieron 3 grupos prioritarios para intervención social: Adultos mayores  que no tienen PBS ni APS por vejez; personas con dependencia moderada o severa sin PBS y/o APS por vejez; y  personas sin Registro Social de Hogares.