Por Jorge Luchsinger Mackay

Hace unos días, la Multigremial de La Araucanía dio a conocer una cifra tan alarmante como ilustrativa: más de 12.000 hectáreas del territorio regional estarían fuera del control efectivo del Estado. Esta declaración, lejos de ser una exageración, refleja una realidad conocida por quienes habitamos esta región: existen zonas en las que el Estado no entra, la policía no opera y la ley no se cumple.

Como era de esperar, el Delegado Presidencial —autoridad máxima en materia de seguridad en la región— salió a desmentir esta afirmación. No puede reconocerlo, aunque sepa que es cierto. Porque admitirlo sería aceptar que, en parte del país, el Estado ha fracasado en su rol más básico: garantizar seguridad, justicia y soberanía.

Lo cierto es que existen zonas completas donde la policía ha fracasado en cumplir órdenes judiciales, incluso con grandes despliegues tácticos. La presencia de grupos armados, bien organizados y con capacidad de fuego, ha impedido el actuar de Carabineros y de la PDI. La situación es grave y conocida, pero sigue siendo ignorada o relativizada por muchas autoridades.

¿Es posible hablar de libertad en un lugar donde el Estado no puede garantizar lo más esencial? ¿Puede una familia dormir tranquila, mandar a sus hijos al colegio o salir a trabajar con seguridad en una zona donde ni siquiera el Estado puede entrar? La respuesta es obvia para quienes vivimos aquí: no se puede.

Esta situación no es nueva. Recordemos que uno de los primeros gestos del actual gobierno fue la fallida visita de la entonces Ministra del Interior. Lo que comenzó como un gesto de diálogo terminó siendo una evidencia concreta de que hay zonas que no responden al control estatal.

La Multigremial no hace más que poner cifras a lo que ya es evidente para los habitantes de la región. La ausencia del Estado no es una percepción: es una realidad diaria para miles de personas. Sin embargo, frente a esto, las autoridades parecen optar por el silencio. Diputados, senadores, ministros y el propio delegado presidencial eligen no ver ni oír lo que todos sabemos que está pasando.

Nos enfrentamos a una crisis de seguridad, sí, pero también a una crisis institucional. La definición técnica de un “Estado fallido” incluye tres condiciones: pérdida del monopolio del uso de la fuerza, incapacidad para garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos, y pérdida de control territorial. En zonas específicas de La Araucanía, estos tres factores están presentes.

La pregunta, entonces, es simple: ¿Qué está esperando el Estado para actuar? Porque mientras en Santiago se discuten conceptos y se buscan responsables, en La Araucanía la gente sigue viviendo con miedo, abandonada, y sin respuestas“.

No hay soluciones mágicas. Pero el primer paso es reconocer que el problema existe. No podemos seguir aceptando la negación como política pública. La Araucanía no puede seguir siendo tierra de nadie.

Jorge Luchsinger Mackay