El segundo “Informe Cuenta en Chile 2014”, realizado por el Observatorio Niñez y Adolescencia, develó una cifra alarmante, el 22,89 por ciento de la población infantil de la zona austral vive por debajo de la línea de pobreza, en especial niños y niñas de comunidades indígenas y campesinas.

Según la cifra total nacional el 14, 4 por ciento de la población vive en situación de pobreza, los niños y niñas de las regiones del Biobío y  La Araucanía, están  8,4 por ciento por encima de esta cifra, de acuerdo a los datos entregados por en el segundo informe “Infancia Cuente en Chile 2014” del Observatorio Niñez y Adolescencia.

Si se unen los datos de educación, salud, pobreza y acceso a la cultura, uno de cuatro niños están bajo el nivel de la pobreza. Esta realidad tiene un impacto en una mayor segregación escolar menores con resultados negativos en pruebas de selección, particularmente en las regiones del Biobío y La Araucanía.

El segundo informe del Observatorio Niñez y Adolescencia, “Infancia Cuenta en Chile 2014″, monitorea la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en Chile, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), Francis Valverde informa que los niños de la región del Biobío alcanzan cifras alarmantes en el nivel de la pobreza de un 30 por ciento y en la Araucanía un 33 por ciento.

La pobreza, en tanto violencia estructural, genera necesariamente una vulneración en todos los ámbitos de los derechos de las personas, afirma la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde.

“Los niños y niñas indígenas son los más pobres de los niños pobres de Chile, entonces podemos evidenciar una doble y triple discriminación y segregación política, cultural y económica y es nuestro pueblo originario el que está afectado en mayor medida con la pobreza. ¿Qué le podemos pedir al Estado? Por de pronto, que devele las cifras que le son propias y las utilice en la perspectiva de generar políticas públicas para enfrentar las situaciones de mayor vulneración de derechos que están ancladas en el nivel territorial”.

La directora de Achnu, sostuvo que el Estado debería garantizar y generar condiciones de las familias, que por diferentes motivos esté en una situación de cesantía, responsabilizándose de sostener a esas personas en dignidad. La pobreza, advierte Francis Valverde,  es indicador de vulneración de derechos que va más allá de solo considerar el ingreso económico de las familias.

El perfil de menores más vulnerables a la indigencia se localiza en niñas de entre 6 a 13 años de la región de La Araucanía con un 9,4 por ciento, lo que representa más del doble del porcentaje promedio nacional.

Otro de los datos que arroja el segundo Informe, es que solo un 0,4 por ciento de los hogares con niños, presentan una evaluación irrecuperable, con un mayor déficit en Arica y Parinacota, donde un 5 por ciento de las casas tienen piso de tierra o paredes de material reciclado.

La representante de la Red de ONGs de Infancia y Juventud – Chile,  Nury Gajardo, afirmó que es “aberrante” que a 25 años de la firma del  Convención de los derechos del niño, no existan cifras claras de la situación que viven los niños a nivel nacional.

“Tenemos un gran desafío como en realidad podemos relevar los datos, pero los datos también con enfoque de derechos, yo creo que tenemos como grandes desafíos, efectivamente no tenemos estadísticas, no tenemos datos, no sabemos cuál es la inversión que hay en infancia, pero además también deberíamos tener un trato especial porque en realidad Chile sufre de la ‘focalización’, que también es una crítica en la política pública, deberían haber derechos universales para los niños”.

Sobre el proceso de recopilar información para el informe, los analistas del Observatorio dejaron de manifiesto que existió un temor generalizado de todos los servicios públicos para entregar la información, incluso se vulneró la ley de transparencia, pues en algunos casos, no se logró acceder a los datos solicitados.

El desafío que se plantea el Observatorio, es lograr una política universal que impacte a los niños, contar con políticas públicas que trabajen en terminar con la segregación territorial y social, considerando las variables de distribución del ingreso, concluyendo que es imperativo que los niños tengan la posibilidad real de acceder el ejercicio pleno de sus derechos.