La norma se enmarca en los compromisos del Acuerdo de Escazú en orden a proteger a los activistas ambientales que se ven amenazados y amedrentados.

La Comisión de Medio Ambiente comenzó el estudio de la moción que dicta normas para la protección de defensores de la naturaleza y los DD.HH. medioambientales (boletín 16886).

El diputado Luis Malla (PL), principal impulsor de la moción presentada en mayo pasado, dijo que el proyecto se redactó en colaboración con la Fundación Escazú Ahora.

Puntualizó que si bien la seguridad en nuestro país es un tema, es aún más peligroso ser defensor ambiental, porque se corre el riesgo de ser amenazado, perseguido, desaparecer e, incluso, riesgo de muerte. En tal sentido, recordó la desaparición hace casi un mes de Julia Chuñir, dirigente ambiental desaparecida en la Región de Los Ríos y de Orieta Llauca, abogada mapuche a quien le quemaron su oficina en Llanquihue.

Indicó que, según un estudio de la citada organización, en 2023 se registraron más de treinta casos de violencia contra una veintena de defensores ambientales.

Posteriormente, el legislador criticó los avances “paupérrimos” del Acuerdo de Escazú ratificado hace dos años; ya que sólo se registra un 13,6% de cumplimiento por parte del Estado.

En el detalle de los avances, destacó que en la defensa de los DD.HH. se avanzó en un protocolo de la Comisión de Personas de la Justicia Penal. Así como en diálogos y capacitación con las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Pero, el diputado Malla consideró que no hay ninguna voluntad de apoyar a los defensores ambientales como tampoco protegerlos. En esa línea, llamó al Ejecutivo a patrocinar la norma y darle urgencia a su tramitación.

Ministra de Medio Ambiente

La ministra del ramo, Maisa Rojas, coincidió que no es aceptable la desaparición de defensores ambientales y lamentó lo ocurrido con la dirigente mapuche Julia Chuñir. Esto, agregó, hace necesario contar con protocolos de investigación penal por presunta desgracia.

Explicó que el Acuerdo de Escazú considera los derechos a la información, participación y acción judicial como temas que corresponden a su cartera. A diferencia del capítulo de los defensores de DD.HH. ambientales, que corresponde al Ministerio de Justicia, aclaró.

Sobe el punto, ahondó que la Subsecretaría de DD.HH. está revisando cómo implementar el tratado, ya que cada país presenta su propio programa. De este modo, en abril se presentó un plan, con un protocolo publicado que entra en vigencia el 27 de diciembre. Y, por el momento, se aplica un circuito de coordinación y alerta de personas defensoras medioambientales que se coordina entre varios servicios.

Indicó, asimismo, que el diseño considera 56 acciones generales y 236 medidas específicas a 2030. A su vez, informó que el Comité internacional del Tratado realizó la primera visita a Chile para la aplicación del Acuerdo y su seguimiento. Y, en los próximos meses, se implementará una plataforma y se podrá informar al Congreso.

En cuanto a la ley de protección de derechos de las personas dijo que en 2022 se presentaron cuatro denuncias: dos en Ñuble, una en Valparaíso y una en Aysén. Y luego, en 2023, dos en Los lagos y dos en Valparaíso.

Finalmente, expresó que para la Subsecretaría de DD.HH. le parece adecuado el proyecto de ley, mientras tenga una buena coordinación con el protocolo ya existente. Razón por la cual, propone que la moción pase también por la Comisión de DD.HH. de la Cámara.

Crítica a postura del gobierno

El diputado Malla consideró que llega a ser insultante que no se otorgue urgencia al proyecto. Además, criticó que es complejo poner más trabas, con su paso por una comisión compleja como es la de DD.HH.  “Es un tema urgente, la gente es amenazada, desaparece y muere”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la comisión, Félix González (IND) lamentó que no se presenten indicaciones y se dé urgencia a mociones parlamentarias. Manifestó que el maltrato físico y el asesinato de personas es indignante, por lo cual “sí le daremos urgencia en la comisión”.

Camila Musante (IND), coautora del proyecto, recalcó que se debe dar espacio a la ley y a la acción judicial. “La expectativa no es que pase por otra comisión, de ninguna manera. Es necesario dar urgencia a estas causas”.

A su vez, Jaime Araya (IND) dijo que la información de Escazú Ahora y del Ministerio no concuerdan por lo que pidió informar por escrito los compromisos y niveles de avance. Así también, reconoció que como parlamento no han cumplido la labor de fiscalizar la implementación del referido Tratado de Escazú.