El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó hoy –viernes 6 de agosto de 2024– a Juan Claudio Castillo Figueroa, María José Palavecino Castillo y Rodrigo Sebastián Garcés Garcés a penas de 7 años de presidio efectivo, , en calidad de autores del delito frustrado de robo con intimidación y violencia. Ilícito perpetrado en junio del año pasado, en la comuna de Curacautín.

En fallo unánime (causa rol 91-2024), el tribunal –integrado por los magistrados Leonel Torres Labbé (presidente), Wilfred Ziehlmann Zamorano y Roberto Herrera Olivos (redactor)– aplicó, además, a Castillo Figueroa, Palavecino Castillo y Garcés Garcés las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 00:10 horas del lunes 19 de junio de 2023, “(…) las víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo y “(…) Cuando la víctima conducía su automóvil marca Chevrolet, en compañía de otra persona. Al llegar a la intersección de calles 4 Norte y 5 Oriente en Curacautín, fueron interceptadas por los acusados Juan Claudio Castillo Figueroa y María José Palavecino Castillo, procediendo María Palavecino a efectuarles señas para que se detuviera. Tras efectuarlo, ambos acusados procedieron a requerirles la entrega de especies, siendo amenazadas por Juan Castillo Figueroa con un objeto que impresionaba a un arma de fuego convencional. Al procurar la conductora del vehículo huir del lugar, acelerando el mismo, el acusado Rodrigo Sebastián Garcés Garcés, quien acompañaba a los dos acusados ya indicados, y portaba una barra de metal, lanzó ese elemento en contra de la acompañante de la conductora y le atravesó los planos superficiales del cuello en la zona posterior derecha, siendo atendida en el Hospital de Curacautín y luego en el hospital de Victoria, lugar en que su lesión fue calificada clínicamente como de carácter leve”.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso y destrucción de las especies incautadas en el procedimiento.