Escribe: Dr. Ricardo Celis

Hoy en Chile existen nueve Isapres, las cuales no están exentas de cuestionamientos por los excesivos cobros y aumentos en sus planes. Hace años existe regulación en cuanto al cobro de planes complementarios mediante dictámenes, y resta por conocer los dictámenes de los tribunales en materia de cobros de prima GES, pero en definitiva, las Isapre han estado cobrando en exceso a sus afiliados 1.1 billón de pesos en moneda nacional, toda vez que han continuado usando tabla de factores, de modo arbitrario e ilegal. Es en este punto donde esta la gran diferencia en cuanto a considerar a la salud como un derecho, y no un sistema que actúe financieramente en función del riesgo de las personas.

Las encuestas muestran una valoración negativa del actuar de estas empresas de salud, tanto en sus usuarios como en la opinión pública en general, por lo cual, surgen cuestionamientos en relación con el rol que ha jugado la Superintendencia en la materia, sobre su viabilidad de continuar, en atención a los montos calculados y validados hasta el momento y cobrados de modo abusivo.

El Gobierno presentó un Proyecto de Ley que crea una figura especial para quienes migren desde isapres al asegurador público (Fonasa), pero no dimensiona los efectos sobre el sistema sanitario público de este, si hubiese un colapso financiero en los prestadores privados, como un “big bang” de las Isapres. Es importante señalar que se ha estado hablando del seguro en salud, o mejor dicho del financiamiento, pero no así de los prestadores, sean clínicas, centros médicos o prestadores individuales, muchos de estos centros han trabajado con integración vertical en los hechos, con las aseguradoras privadas. Teniendo en consideración las enormes listas de espera GES y no GES en el sistema público, no parece posible ni razonable impulsar o favorecer el quiebre o colapso de las Isapres, sin tener un diseño y una propuesta de nuevos modelos de salud y financiamiento en el país de la salud pública, de modo previo. Los efectos negativos no solo recaerían sobre los usuarios del sistema privado, sino también en un mayor deterioro de la salud pública expresados en mayor congestión, aumento de listas de espera y dificultades para la resolución de los problemas de salud. Por lo anterior, no cabe duda de la necesidad de la complementariedad público-privada en los prestadores, y que además es un hecho cultural en nuestro país en materia de salud de las personas, y avanzar al seguro único y nuevos modelos de atención con la gradualidad necesaria

Al parecer, el problema más importante es como resolver el tema de un seguro único, ya que hace mucho tiempo ya que se han propuesto líneas en los programas presidenciales, y desde la política, hablando de un seguro único, y adicionalmente de seguros adicionales o llamados de segundo piso, para requerimientos como tipos de salas de hospitalización, entre otros.  Pero no se puede eludir la necesidad de asegurar el acceso, la resolutividad y la calidad de las prestaciones con un órgano rector fuerte, con responsabilidad y radicado en el Ministerio de Salud.

Quizás llegó el momento de resolver globalmente el problema, y no apuntar sólo al cumplimiento de un fallo de los tribunales  de justicia, como también analizar la continuidad de un modelo centrado en la enfermedad y no en la salud de las personas y en la prevención, lo que lo hace inviable para cualquier país, ya lo vivió Estado Unidos y otros países, y debe resolverse pronto en Chile, ya que hay un deterioro significativo en el acceso y la oportunidad a la salud de las y los chilenos, y eso necesita soluciones prontas, globales, a lo menos en el diseño y necesariamente la implementación gradual,y  a veces urgente, de los mismos.