El abogado y ex persecutor afirmó que hay desconfianza del sistema de justicia de nuestro país en un 85%. “Es un problema grave al que no se le ha prestado la suficiente atención y sobre todo no hay políticas encaminadas”

Sobre la región y la Comisión por la Paz y el Entendimiento, “es un conflicto muy complejo y por lo tanto no es de fácil solución, yo no creo que pueda mágicamente solucionarse con rapidez y soluciones sencillas”

En relación a las casas de apuestas online, Gajardo es tajante: “lo que vemos es que la influencia del dinero es más poderosa”.

Claudio Núñez

Ha sido ajetreada la semana para el ex fiscal y quien fuera hombre fuerte de la Fiscalía de Alta Complejidad, el abogado Carlos Gajardo (50 años) y actual abogado querellante en la causa contra Martín Pradenas (N. de la R: Pradenas fue declarado culpable el viernes).

Partió en la Fiscalía de Curicó donde alcanzó su primer caso de notoriedad pública, al condenar a 541 días de pena remitida a Augusto Pinochet Hirirart por porte ilegal de armas y conducir un auto robado. Casi dos décadas después, el ex fiscal se fue del Ministerio Público después de 17 años, junto a su amigo y colega Pablo Norambuena. La razón fue el acuerdo que permitió un procedimiento abreviado en el caso del senador UDI, Iván Morerira, a quien se le descubrió el financiamiento irregular de su campaña a través de boletas falsas con el grupo Penta.

Gajardo (50) estuvo la semana pasada en Enela 2023, en una exposición a auditorio lleno, donde habló diversos temas, desde la corrupción hasta la desconfianza del sistema de justicia chileno. Pero volvió a Temuco, y se dio el tiempo para conversar con Tiempo21, donde abordó temas tanto de corrupción, las cuestionadas casas de apuestas deportivas online, su visión en relación a cómo podría mejorar las leyes para combatir estos flagelos según su perspectiva, además de la importancia de la Comisión de Paz y Entendimiento.

Un reportaje de TVN estimó que en Chile funcionan más de 900 casinos y casas de apuestas online, al margen de la ley que genera un mercado cercano a los 150 millones de dólares. El Gobierno ingresó, el lunes, un proyecto para regular los juegos virtuales. Usted –que ha sido crítico con esta actividad- ¿conoce la iniciativa presentada por el Gobierno?

Sí, nosotros además somos representantes de los casinos Dreams y por lo tanto, hemos presentado querellas en las distintas ciudades de Chile en contra de los casinos ilegales físicos, en los lugares donde hay máquinas tragamonedas, pero también hemos presentado en Santiago una querella en contra de los casinos online.

Creemos que esta es una actividad que está prohibida por la ley que sólo permite aquellos juegos que están expresamente autorizado por la normativa legal y por lo tanto en estos casos creemos la conducta que se comete de infracción al código penal en los artículos 276 y siguiente y creemos que la actividad puede, efectivamente, ser regulada en los términos que está proponiendo la autoridad, pero eso no cambia y no quita el hecho hoy día tal como están funcionando son constitutivos de delito.

Según la Superintendencia de Casinos y Juegos, en Chile los juegos de azar son una actividad económica que solo autoriza a la Polla Chilena de Beneficencia SA, la Lotería de Concepción SA, los hipódromos y los casinos de juego pueden trabajar en la industria. ¿Qué responsabilidad tienen los medios y la propia ANFP de suscribir contratos con estas empresas?

Creemos que, por supuesto, están contratando y siendo financiados por una industria que es ilegal, y eso nos parece grave. Se les ha comunicado por distintos oficios también a la propia ANFP dando cuenta de estos hechos, también a medios de comunicación, pero lo que vemos es que la influencia del dinero es más poderosa.

Es un hecho que esta actividad, no sólo es ilegal, sino que además es constitutiva de delito, lo ha señalado en términos bastante contundentes la propia agencia estatal encargada de este tema como es la Superintendencia de Casinos y Juegos, y creemos que por lo mismo no debiera estar financiando montos tan relevantes de dinero sobre todo de actividades deportivas y los programas periodísticos deportivos que se generan a partir de ella.

Usted afirmó en alguna oportunidad, parece que el 2017 o 2018, que “Creo que, a partir de la experiencia de 17 años como fiscal, puedo aportar en la discusión sobre políticas públicas especialmente en temas de corrupción y delincuencia”. ¿Se ha avanzado algo en la lucha contra estas dos plagas que afectan al país?

Bueno, la situación es bastante compleja en ambos temas. Vemos que los hechos de delincuencia sobre todo más graves han aumentado en los últimos años en nuestro país. Si uno toma las cifras de homicidios y delitos graves, las cifras de homicidios han subido en los últimos cinco años en un 50% generando una tasa de homicidios cada 100 mil habitantes en Chile que ya supera a algunos países latinoamericanos. Chile era mejor en ese aspecto; en temas de corrupción tras sucesivos escándalos que hemos tenido como son los casos de financiamiento político, los gastos reservados en las FF.AA, casos de corrupción en municipios también ahora, estamos enfrentando una nueva seguidilla de casos que tendrían que ver con irregularidades con los fondos asignados del Minvu, entonces tenemos muchos déficit en esta materia que creo yo que tienen que ser combatidos tanto por una parte a través de las investigaciones penales que hace el Ministerio Público y la obligación de sancionar cada uno de esos hechos, pero también con la necesidad de tener nuevas legislaciones que permitan combatir de mejor manera esa ocurrencia de actos de corrupción que es lo que está sucediendo ahora.

¿Y cómo podrían ser esas nuevas legislaciones de acuerdo a su criterio?

He planteado que deberíamos tener una agenda de probidad 2.0 en que abordáramos una serie de materias, no sólo lo que está sucediendo con las fundaciones. Desde mi punto de vista tenemos que terminar con estas asignaciones de manera directa, tendríamos que tener procesos mucho más transparentes y colegiados para efectuar asignaciones directas de fondos, debiera ser todo eso en asignaciones con licitaciones públicas con niveles técnicos, con decisiones colegiadas.

Pero además en esta materia hay otras donde debiéramos avanzar, terminar con el tema de los gastos reservados, las corporaciones municipales privadas, debiéramos tener una actividad municipal que se hiciera fuera de los márgenes del propio municipio (…) además de otra serie de medidas en el ámbito de favorecer la investigación de estos hechos, entre ellos flexibilizar el secreto bancario, tener registro de destinatarios finales y fortalecer al Ministerio Público con la creación de una unidad de investigación de casos complejos supraterritorial, la famosa Fiscalía Supraterritorial que podría investigar casos relevantes e importantes a nivel nacional.

¿Usted siente que el Ministerio Público se ha ido debilitando en los últimos años?

Yo creo que está en el proceso a partir del nombramiento del nuevo Fiscal Nacional, lleva poquito tiempo, 6 meses. Lo más importante es que pueda demostrar que el Ministerio Público es una institución efectivamente autónoma. Desgraciadamente la manera en que se eligen los cargos y sobre todo el Fiscal Nacional, de alguna manera deja la sensación de que tiene un vínculo transversal muy fuerte con la política. Creo que el gran desafío que tiene el fiscal nacional Ángel Valencia es demostrar que tiene absolutamente independencia y autonomía respecto de esos poderes.

En la versión de Enela 2023, en su exposición habló de los sistemas de justicia, en particular el punto de la “cohesión” donde usted menciona, “cuando pregunta en Chile (…) cuánto se confía en el sistema de justicia de su país, sí o no, Chile aparece rankeado muy mal en comparativa con los países de la OCDE” y que cuando conoció el dato le pareció “sorpresivo” …

Eso efectivamente es así, estamos con niveles de confianza de apenas un 15%, eso significa que el grueso de las personas no confía en el sistema de justicia del país un 85%, y eso no sólo es muy deficitario comparándonos con países de la OCDE sino que con propios países de Latinoamérica, peores niveles que México, Brasil, Colombia, y Perú. Creo que por lo tanto que es un problema grave al que no se le ha prestado la suficiente atención y sobre todo no hay políticas encaminadas a que el sistema de justicia tenga un mayor nivel de confianza en la ciudadanía.

Sobre eso, entonces, ¿Usted cree que ha cambiado la percepción de justicia de nuestro país?

Lo que las cifras y las encuestas demuestran que no, que tenemos una percepción de mucha desconfianza y que eso se ha mantenido así en los últimos años.

En La Araucanía hay una expectativa alta en relación a la Comisión por la Paz y el Entendimiento de forma transversal. En este medio, Ricardo Mewes, presidente de la CPC, dijo la semana pasada que “el atrevimiento del propio Presidente de avanzar en algo así es una muy buena señal, por lo tanto, abre un espacio para resolver un problema” ¿Coincide con estas palabras? Y de acuerdo a ello ¿Podrá solucionarse el conflicto en la región en un mediano o largo plazo dependiendo de las decisiones que tomen en esta Comisión?

En general es un conflicto muy complejo y por lo tanto no es de fácil solución, yo no creo que pueda mágicamente solucionarse con rapidez y soluciones sencillas. Pero por supuesto creo que la comisión por la paz y el entendimiento es una iniciativa que va bien encaminada porque permite establecer espacios de conversación, de conciliación, entre todos los sectores de La Araucanía y desde ese punto de vista siempre tener esperanza que sirva para mejorar el entendimiento y la convivencia en la región; por supuesto que con cautela de entender que son procesos difíciles de solucionar.

Cada día aumenta el rechazo hacia la calidad ética de muchos de nuestros integrantes del Congreso, algunos con causas en tribunales. Nosotros conocemos un caso donde uno rehuyó sentencias refugiándose en Argentina. Hace poco usted afirmó que “tenemos senadores que hoy día están sentados en el Congreso y recibieron aportes a las campañas políticas, y todos lo sabemos”. ¿Cómo se podría superar esta debilidad en cargos de elección popular o simplemente se equivocan los electores?

Creo que hay de todo, en algunas ocasiones la ciudadanía ha sido muy estricta al momento de votar, pasó por ejemplo con la situación que se conoció de Karla Añez, la candidata a convencional que se descubrió que tenía una condena por tráfico de drogas y efectivamente su votación ha sido bastante mínima. En otros casos no ha sucedido, como la situación de Iván Moreira que después que fue de conocimiento público la manera en que haya financiado su campaña fue reelegido como senador. Entonces yo diría que hay mixtura en eso, lo que uno esperaría es que los partidos políticos tuvieran filtros más intensos para elegir sus candidatos, pero por otra parte también la ciudadanía tendría que actuar en consecuencia.