“El abuso del poder, que caracteriza a la sociedad chilena, también se refleja en el Presupuesto Nacional, donde la entidad responsable con frecuencia no incluye en la propuesta al Parlamento aquellos programas o proyectos esenciales, de manera que las regiones deban financiarlos con sus fondos locales. De este modo, termina primando la decisión de Hacienda, ya que gana el dicho “uno calienta el agua y el otro se toma el mate”. La primacía de Santiago se manifiesta de diferentes formas, no solo en el Poder Ejecutivo, la más notoria es que concentra a los jefes de las principales empresas e instituciones privadas, agudizando este poderío, con lo cual termina atrayendo a los más destacados profesionales y especialistas a vivir en la capital. Algo parecido ocurre en el mundo de la cultura, las artes y el profesorado de alto nivel. En materia de ingresos personales, si bien hay una gran dispersión zonal, la capital supera al promedio nacional”.

Escribe: Andrés Sanfuentes Vergara, economista, académico, consultor e investigador chileno, expresidente de BancoEstado.

La concentración del poder en la capital tiene ya más de un siglo. Los historiadores señalan como fechas definitorias los años 1851 y 1859, cuando en el Gobierno de Manuel Montt los ejércitos del norte (Copiapó y La Serena) y del sur (Concepción) fueron derrotados por los capitalinos. Desde entonces prima la metrópolis y no es válido el dicho “Talca, París y Londres”, tan presuntuoso.

Los esfuerzos por satisfacer las demandas regionales de descentralizar la supremacía santiaguina no han sido suficientes, a pesar de las nuevas normas, pues han sido más administrativas que efectivas. La actual Constitución establece que “la administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región” e incluso agrega que gozará de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. El gobernador regional será el órgano ejecutivo del Gobierno Regional “en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa”. Sin embargo, en la actualidad están confusas las atribuciones y gestión que realizan el gobierno central y los regionales.

La elección de gobernadores ha dejado a la vista estos problemas, ya que entramos al reino de la incertidumbre entre quién manda, si los delegados presidenciales regionales o los recién electos, así como las atribuciones de los consejeros regionales para influir en las decisiones de su zona.

El abuso del poder, que caracteriza a la sociedad chilena, también se refleja en el Presupuesto Nacional, donde la entidad responsable con frecuencia no incluye en la propuesta al Parlamento aquellos programas o proyectos esenciales, de manera que las regiones deban financiarlos con sus fondos locales. De este modo, termina primando la decisión de Hacienda, ya que gana el dicho “uno calienta el agua y el otro se toma el mate”.

La primacía de Santiago se manifiesta de diferentes formas, no solo en el Poder Ejecutivo, la más notoria es que concentra a los jefes de las principales empresas e instituciones privadas, agudizando este poderío, con lo cual termina atrayendo a los más destacados profesionales y especialistas a vivir en la capital. Algo parecido ocurre en el mundo de la cultura, las artes y el profesorado de alto nivel. En materia de ingresos personales, si bien hay una gran dispersión zonal, la capital supera al promedio nacional.

Este es un tema que debe ser enfrentado con prontitud, especialmente durante la época presente, tanto por la revisión constitucional como las demandas regionales, porque “en política el tren no siempre pasa dos veces” (R. Cardemil).

Los regionalistas han agregado algunas propuestas que no son acertadas, tales como la posibilidad de aprobar impuestos con autonomía y también el endeudamiento local, medidas que serían inconvenientes, por los malos resultados que han existido cuando se aplicaron en otros países, como sería similar en Chile observando la demagogia parlamentaria del presente y la capacidad imitativa de los nacionales.

Al respecto, es de esperar que se detenga la costumbre de dividir las regiones en zonas más pequeñas, 16 gobernaciones en la actualidad, cuando lo contrario sería indispensable, para poner en práctica una estrategia de fomento productivo en que las macrozonas estén en condiciones de concentrar su atención en las inversiones y la operación en los recursos que cada región dispone, basadas en sus ventajas relativas, y los fondos regionales serían destinados para desarrollar productos específicos. Esta especialización es indispensable en un país tan diverso en sus zonas geográficas y su potencialidad productiva. Un ejemplo podría ser la concentración de recursos humanos en universidades con alguna destreza en esas especialidades, a diferencia de la actualidad, donde se aspira a ser universidades y centros tecnológicos completos, a pesar de sus insuficiencias de recursos humanos y financieros.

Las reformas también deberían complementarse en resolver el problema del desgobierno de las ciudades grandes, en que el campo de acción de los ministerios prima sobre las atribuciones de los alcaldes, así como la pequeñez y debilidad de otros, especialmente rurales. Lo anterior lleva al tema de la desmunicipalización escolar promovida por el Ministerio de Educación, en que se han agrupado varios municipios pequeños bajo una responsabilidad única, dejando con autonomía a las alcaldías más grandes.

Sin embargo, aún se carece de una evaluación del proceso, que puede ser similar a la situación de la atención de salud en hospitales y consultorios, los planes de vivienda y la desaparición de los tradicionales barrios, en parte sustituidos por los impersonales “malls”. Un avance en esta última materia ha sido la creación de plazas de juegos en muchos lugares, lo cual promueve la cercanía del vecindario, tan importante para la integración ciudadana.

La descentralización del territorio nacional constituye un tema de la mayor relevancia actual, ya que se discute una nueva estructura institucional pública en la nueva Constitución.