La Confederación de Estudiantes de Chile denunció haber presenciado graves situaciones que han  presenciado y vivido en la Región de La Araucanía, luego que el fiscal Alberto Chiffelle “ha protagonizado en reiteradas veces situaciones de represión directa al movimiento social mediante las herramientas jurídicas de las que dispone, demostrando una política legitimada por el ejecutivo para criminalizar y acallar las voces  que hoy gritan contra la injusticia, dirigidas desde el Ministerio del Interior”.

En una declaración pública señalaron que el historial profesional del fiscal devela diversas causas “en contra de dirigentes estudiantiles, a los cuales, por ejercer de forma lícita su derecho a manifestarse en contra los grandes empresarios en el Encuentro Nacional de Empresarios de la Araucanía” (Enela, 2015), donde se les estaría culpando de maltrato a Carabineros con lesiones graves, pidiendo a los tribunales tres años de presidio a cada uno de ellos, “a pesar de no presentar pruebas contundentes a un año de sucedido el incidente”.

También señalaron que Chiffelle ha generado una abierta “cacería contra el Pueblo Mapuche en el marco de conflictos territoriales, mal utilizando el derecho penal y contra el debido proceso, manipulando el caso Luchsinger Mackay para otros fines”.

Por ello, exigieron la inmediata salida de su cargo, dado el actuar negligente y racista con el cual ha ejercido su profesión, faltando a la ética y atropellando plenamente derechos constitucionales como la libertad de expresión y diversos incisos contemplados en el convenio 169 de la OIT como la igualdad de derechos y oportunidades, y el respeto a   la identidad social y cultural sin discriminación y menoscabo”.

Caso Luchsinger-Mackay

Desde octubre del 2015 que la Fiscalía contaba con la confesión de uno de los presuntos responsables por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, sin embargo, un llamativo giro tuvo la declaración del testigo clave del Ministerio Público.

Cristián Paredes, fiscal de La Araucanía, habló en radio ADN sobre el vuelco en la investigación del caso y señaló que «en este caso, desde el primer momento quedó en evidencia que no actúo una persona sola», por lo que «la fiscalía no se conformó en ningún momento con eso, en todo momento investigamos la participación de otro u otros sujetos».

En la audiencia de formalización José Peralino Huinca negó tener participación en el atentado y dijo que sus dichos previos eran una mentira.

Pero en su nueva declaración Peralino dijo que por miedo y la presión policial dio un relato sobre el atentado, alegando inocencia y que sentía temor por su familia. “Después entró el fiscal Chiffelle presente y me dijo Peralino firma aquí. No vi bien porque yo estaba tiritando nervioso de miedo. Igual el Vilches me estaba presionando, su jefe me estaba presionando”, finalizó.

Un fundo en disputa

Según la edición del 25 de julio de 2016 de El Diario Austral, el ex fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli José Ricardo Traipe, denunció haber sufrido en el desempeño de su cargo “presiones indebidas para intensificar injustificadamente la persecución penal a sujetos mapuche, de comunidades conocidamente conflictivas, desarrolladas por el Fiscal Regional (s) Alberto Chiffelle”.

Según Traipe, Chiffelle le exigía “ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con las comunidades de Temucuicui y Wente Winkul Mapu”, además de recibir por parte del Fiscal Regional (s) Chiffelle permanente discriminación y hostigamiento, obligándolo a pedir la prisión preventiva de todo imputado mapuche, aún sin pruebas suficientes, ya que “los pacos lo tenían en la mira”.

Comunidad Domingo Trangol

Sin embargo, registros señalan que la historia de los desencuentros del fiscal jefe de Temuco con algunas comunidades, es historia antigua y se remonta al mes de junio de 2001 cuando la comunidad Domingo Trangol, de Victoria, ingresó a las tierras antiguas –aquellas que no les fueron reconocidas en dominio y adjudicadas a colonos por el Estado chileno- en el afán de recuperarlas, siendo desalojados violentamente. En el hecho fueron detenidos cinco miembros de la comunidad, varios lesionados y un herido grave, a causa de un disparo de carabineros.

Los mapuche son demandados por el Ministerio Público, específicamente por el Fiscal Alberto Chiffelle Márquez, lo que significó que el día 6 de junio “dirigentes mapuche entregaran  personalmente al señor Fiscal Nacional, una carta en que solicitaron la inhabilitación del citado Fiscal Chiffelle por su grado de parentesco con el señor Bernardo Carlos Chiffelle Heise, dueño de un fundo colindante con la comunidad indígena Domingo Trangol, predio que está actualmente en conflicto con dicha comunidad indígena y que ha sido parte de la investigación que se desarrolla por la Fiscalía”, señala el Diario Austral de esa fecha.

Efectivamente, don Enrique Llanca Pichilén, miembro de la comunidad Domingo Trangol Boyen Mapu, relata que antes “Todo era tierra, no había alambre, estaca, nada, y resulta que este colono que era Bernardo Chiffelle echó a los abuelitos, y como ellos no sabían hablar nada ellos no podían reclamar”.